DE LA DOCTRINA A LA REPRESIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DE CLÍNICAS DE REHABILITACIÓN PARA OBJETORAS DEL USO HIYAB EN IRÁN

FROM DOCTRINE TO REPRESSION: INSTITUTIONALIZATION OF REHABILITATION CLINICS FOR WOMEN OBJECTING TO THE USE OF THE HIJAB IN IRAN

Mar Tuset Tadghighi

Graduada en Derecho con Máster en Derecho Humanos

Miembro del Proyecto de Investigación

“Mujeres Líderes de las Minorías Religiosas en España”¹

Universitat de València

RESUMEN

El régimen teocrático iraní ha instaurado clínicas de “rehabilitación” dirigidas a mujeres que rechazan el uso obligatorio del hiyab, constituyendo un nuevo instrumento de control social y coerción por parte del Gobierno de los ayatolás. Este artículo examina cómo estas medidas se inscriben en una política sistemática de represión, intensificada tras el resurgimiento del movimiento Mujer, Vida y Libertad y la ola de resistencia desencadenada por la muerte de Mahsa Amini, lo que evidencia una lucha cada vez más firme por la emancipación y los derechos fundamentales de las mujeres iraníes.

PALABRAS CLAVE

Irán, hijab, salud mental, mujeres, derechos humanos.

ABSTRACT

The Iranian theocratic regime has established “rehabilitation” clinics for women who reject the compulsory use of the hijab, constituting a new instrument of social control and coercion by the ayatollahs' government. This article examines how these measures are part of a systematic policy of repression, intensified by the resurgence of the Women, Life, and Liberty movement and the wave of resistance unleashed by the death of Mahsa Amini, which demonstrates an increasingly determined struggle for the emancipation and fundamental rights of Iranian women.

KEYWORDS

Iran, hijab, mental health, women, human rights.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La teocracia iraní: un régimen de control totalitario. 3. La mujer en Irán: entre la resistencia y la opresión. 4. Rehabilitación o subyugación: la creación de clínicas del hiyab como herramienta de control social. 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno iraní ha anunciado recientemente la creación institucionalizada de clínicas de “rehabilitación” para mujeres que se niegan a utilizar el hiyab, lo que representa una nueva modalidad de represión estatal, disfrazada bajo un discurso que pretende ofrecer atención psicológica a las mujeres iraníes². Esta medida no constituye un fenómeno aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de control social orientada a someter los cuerpos femeninos, silenciar la disidencia y reafirmar la hegemonía de un régimen teocrático inmerso en una profunda crisis de legitimidad interna. En un contexto de creciente movilización social, especialmente tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022, el régimen de los ayatolás ha reconfigurado sus mecanismos de represión, enmascarando lo que en realidad es un castigo por desafiar su ideología bajo el pretexto de un supuesto apoyo estatal al cuidado psicológico³.

El presente artículo tiene por objeto analizar los fundamentos ideológicos, políticos y jurídicos que sustentan esta nueva forma de represión institucionalizada. Se prestará especial atención al modo en que la instrumentalización de la salud mental opera como una estrategia de dominación, a través de la cual se transgreden las garantías consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, afectando directamente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la autonomía corporal y la dignidad de las mujeres. Frente a la narrativa oficial que presenta estas clínicas como espacios de contención psicológica para mujeres, supuestamente influenciadas por factores externos, en realidad lo que se configura es un dispositivo de opresión: se redefine la resistencia como una enfermedad y se legitima la represión como tratamiento médico.

Desde esta perspectiva, el objetivo del presente artículo no es sólo desarticular el discurso que respalda estas políticas, sino también alertar sobre sus implicaciones éticas, jurídicas y sociales, las cuales afectan a la sociedad en su conjunto, y de manera particular a las mujeres. En definitiva, se trata de poner en evidencia cómo, en contextos autoritarios de corte teocrático, la salud mental puede ser subordinada e institucionalizada como una herramienta de sometimiento ideológico, encubriendo dinámicas de violencia estructural bajo la apariencia de cuidado y asistencia que, lejos de proteger, buscan anular toda forma de disidencia.

2. LA TEOCRACIA IRANÍ: UN RÉGIMEN DE CONTROL TOTALITARIO

La historia política de Irán ha experimentado una transformación profunda a lo largo del siglo XX, una evolución que permite comprender la configuración actual del régimen. La Dinastía Pahlavi, instaurada en 1925 bajo el liderazgo de Reza Shah Pahlavi, inauguró una etapa de modernización orientada a alcanzar el equilibrio político y económico del país mediante un programa estructurado de secularización y occidentalización⁴. Durante este período se implementaron reformas significativas destinadas a reconfigurar el tejido sociopolítico iraní, entre las que cabe destacar aquellas orientadas a redefinir el rol de la mujer: el reconocimiento del sufragio femenino, la habilitación para ocupar cargos parlamentarios y la promulgación de una legislación familiar más equitativa. Estos son algunos de los hitos que evidencian este intento de transformación estructural. No obstante, estas reformas, aunque simbólicamente relevantes, tuvieron un impacto limitado en la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres iraníes, debido a las resistencias socioculturales y a la persistencia de estructuras patriarcales profundamente arraigadas⁵.

Dichas políticas suscitaron una fuerte resistencia entre los sectores conservadores, en particular el clero chiita, que las interpretaba como una amenaza directa a los valores islámicos y a su propia autoridad moral. La confrontación entre el programa modernizador del Estado –que no terminaba de consolidarse– y las reticencias de los sectores tradicionales generó tensiones sociales y políticas que, con el tiempo, desembocarían en la Revolución Islámica de 1979⁶. En ese contexto, el ayatolá Ruhollah Jomeini emergió como la figura central de la oposición al régimen del Sha, articulando desde el exilio –primero en Turquía, luego en Irak y finalmente en Francia­– un discurso que denunciaba la incompatibilidad del Gobierno con los principios del islam chiita y que, en definitiva, acusaba al régimen de haber traicionado los fundamentos religiosos de la nación mediante la adopción de valores occidentales⁷.

El liderazgo de Jomeini, respaldado por diversos sectores de la sociedad iraní y, en particular, por el clero, encontró un terreno fértil en una población cada vez más descontenta con el régimen vigente. Las movilizaciones masivas, las huelgas generalizadas y la intensificación de la represión estatal precipitaron la caída del régimen monárquico, marcada por la pérdida de legitimidad del Sha y el distanciamiento de sectores clave como las fuerzas armadas. La salida de Mohammad Reza Pahlavi del país en 1979 abrió paso al retorno de Jomeini y a la instauración de la República Islámica, fundada sobre un nuevo paradigma político-jurídico centrado en la supremacía del islam chiita como principio rector del Estado⁸.

La Constitución de 1979, ratificada mediante referéndum en 1980, formalizó un régimen teocrático que consagró la autoridad del líder supremo como figura máxima en los ámbitos político, jurídico, religioso y militar. Esta transformación se tradujo en la imposición de un marco normativo que regulaba no sólo la vida pública, sino también aspectos simbólicos y privados, como el uso obligatorio del hiyab por parte de las mujeres reflejo de una interpretación rigurosa del islam chiita que restringe sistemáticamente los derechos de las mujeres y su participación en la vida pública. La sucesión de Jomeini por Alí Jamenei en 1989 no supuso alteraciones sustantivas en la arquitectura institucional del régimen, consolidándose así una fusión estructural entre política y religión⁹.

A pesar de su estructura centralizada y de su robusto aparato coercitivo, el régimen iraní enfrenta una pérdida progresiva de apoyo social, especialmente entre las generaciones más jóvenes –formadas en un entorno globalizado con mayor acceso a la información y cuyas aspiraciones se alejan del discurso oficial–, así como entre las mujeres, principales destinatarias de sus políticas represivas. La persistencia de este descontento, combinada con las presiones internacionales y las dificultades económicas estructurales, sitúa al Estado iraní ante una encrucijada histórica que reconfigura las relaciones entre poder estatal, religión y sociedad, y pone en entredicho la sostenibilidad de su modelo teocrático¹⁰.

3. LA MUJER EN IRÁN: ENTRE LA RESISTENCIA Y LA OPRESIÓN

La situación de las mujeres en la República Islámica de Irán constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de represión institucionalizada en el mundo contemporáneo. Desde la instauración del régimen teocrático en 1979 se ha consolidado un entramado jurídico y sociopolítico profundamente patriarcal, fundamentado en una interpretación rigurosa de la sharía. Este sistema normativo impone restricciones estructurales que limitan el acceso de las mujeres a cargos públicos, consagra normas discriminatorias en materia de divorcio, custodia de hijos y herencia, y refuerza un sistema que socava sistemáticamente su autonomía, vulnera sus derechos y restringe su libertad¹¹. Estas disposiciones no sólo perpetúan su exclusión de la vida pública, sino que las relegan al ámbito doméstico, consolidándolas como ciudadanas de segunda categoría en el marco de un orden jurídico que institucionaliza su subordinación y silencia sus voces. En este contexto, el uso obligatorio del hiyab trasciende la mera cuestión de la vestimenta, convirtiéndose en un dispositivo de control que vulnera la autonomía personal, la autodeterminación corporal, la libertad de conciencia, de pensamiento y religiosa, así como la plena participación de las mujeres en el espacio público.

No obstante, frente a esta opresión institucionalizada ha emergido una cultura de resistencia notablemente articulada. Las mujeres iraníes han desarrollado acciones de movilización y estrategias de visibilización mediante el uso estratégico de las redes sociales, que se han consolidado como herramientas clave para articular redes de solidaridad y resistencia a escala internacional. Esta dinámica ha marcado un punto de inflexión en la historia de la reivindicación y denuncia de violaciones a los derechos humanos¹².

Este proceso de cambio se intensificó en 2022, con la detención de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años acusada de infringir el código de vestimenta obligatorio¹³. Cabe destacar que, en el mes previo a su asesinato, el Gobierno del presidente Ebrahim Raisi articuló una serie de decretos especialmente rígidos en relación con el uso del hiyab, reforzando el aparato de control sobre los cuerpos de las mujeres. Estos decretos formaban parte de una estrategia de endurecimiento normativo que intensificó la vigilancia y las sanciones, allanando el camino para prácticas represivas aún más agresivas¹⁴.

Horas después de su arresto, Mahsa Amini fue ingresada en estado de coma en un hospital de Teherán y falleció tres días más tarde, el 16 de septiembre, como consecuencia de un derrame cerebral y un infarto. Su cuerpo presentaba signos evidentes de tortura, en contradicción con la versión oficial que atribuía su muerte a patologías previas¹⁵. Esta estrategia de encubrimiento no es una novedad: casos anteriores, como los de Zahra Kazemi (2003) y Zahra Bani Yaqoub (2007), evidencian un patrón sistemático de impunidad y represión¹⁶.

La muerte de Mahsa Amini desencadenó una ola de protestas lideradas por mujeres, cuyas acciones –como cortarse el cabello o quemar el hiyab– se transformaron en símbolos de resistencia frente a un régimen que pretende apropiarse de sus cuerpos y silenciar sus voces. El lema “Zan, Zendegi, Azadi” –“Mujer, vida, libertad”– sintetiza las reivindicaciones esenciales del movimiento: la recuperación del control sobre sus propios cuerpos, el reconocimiento de la vida como un derecho inalienable y la conquista de una libertad históricamente negada, especialmente a los grupos más vulnerables. Pero también ha sentado las bases de una narrativa más amplia: la emancipación de toda la sociedad iraní¹⁷.

Mediante el uso de teléfonos móviles y redes sociales, las mujeres lograron amplificar su mensaje a nivel global, desafiando las restricciones impuestas por el régimen, que respondió con una narrativa oficial centrada en la supuesta injerencia extranjera. Las manifestaciones masivas y la movilización que siguieron a la muerte de Mahsa Amini resultaron en más de 20.000 arrestos, 500 muertos, 4 ejecuciones oficiales, así como un número desconocido de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas, además de numerosas denuncias de violencia sexual perpetrada por el Estado¹⁸. A pesar de la fuerte represión, las protestas persisten.

La vigilancia y la represión se extendieron también al ámbito digital. Desde los primeros días de las protestas se produjeron interrupciones masivas del servicio de internet, que alcanzaron su punto álgido en octubre de 2022, coincidiendo con ataques militares en regiones kurdas. El régimen justificó estas operaciones con acusaciones infundadas sobre la presencia de supuestos terroristas extranjeros implicados en las protestas¹⁹.

Entre los casos más emblemáticos de violencia estatal se encuentran los asesinatos de Sarina Esmailzadeh (16 años) y Hadis Najafi (22 años), ambas activas en redes sociales y participantes en las manifestaciones²⁰. También destaca la condena a muerte impuesta inicialmente al futbolista Amir Nasr-Azadani, poco antes del inicio del Mundial de Catar²¹, como represalia por su implicación en las protestas, aunque posteriormente le fue conmutada por una pena de prisión. Asimismo, resulta significativa la condena de casi cuatro años de cárcel contra el cantante Shervin Hajipour, cuya canción “Baraye” –que puede traducirse como “por” o “porque”– se convirtió en himno de la revuelta, al articular en sus versos las múltiples demandas surgidas frente a la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen. Compuesta a partir de tuits de iraníes que compartían sus razones para luchar, “Baraye” se ha convertido en la voz de quienes reclaman justicia y libertad²².

En este contexto de represión y lucha, el reconocimiento internacional ha sido un elemento clave para visibilizar la situación de las mujeres iraníes. La concesión del Premio Nobel de la Paz a figuras como Shirin Ebadi y Narges Mohammadi ha sido fundamental para denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen iraní. Este tipo de distinciones no sólo han contribuido a visibilizar la situación de los derechos humanos en Irán, sino que también evidencian la determinación y compromiso de activistas que, desde condiciones de extrema adversidad, han trabajado incansablemente por situar los derechos de las mujeres iraníes en el centro del debate internacional.

Shirin Ebadi, primera mujer musulmana galardonada con dicho premio en 2003, se consolidó como una figura clave en la denuncia del autoritarismo iraní y en la defensa de un marco jurídico basado en derechos humanos universales. Tras la Revolución Islámica de 1979, fue destituida de su puesto como presidenta del Tribunal de Teherán, cargo que había ocupado desde 1975, bajo el argumento de que las mujeres eran “demasiado irracionales y emocionales”, siendo entonces relegada a un puesto administrativo. Desde el Centro de Defensores de los Derechos Humanos, visibilizó y denunció las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de los ayatolás, además de proporcionar asistencia legal a los presos políticos, hasta el cierre del centro en 2008²³.

Por su parte, Narges Mohammadi, galardonada en 2023, ha continuado con esa labor, centrando su activismo en la defensa de los derechos humanos, con un énfasis particular en la violencia institucional contra las mujeres y en las condiciones que se viven en las cárceles iraníes. Física iraní y defensora de los derechos humanos, Mohammadi padece graves afecciones cardíacas y pulmonares para las que no ha recibido atención médica adecuada en prisión. En octubre de 2024, fue finalmente trasladada a un hospital y, en diciembre, liberada por un breve período de tres semanas. Actualmente, sigue en permiso médico tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor benigno en su pierna. Aunque se encuentra en recuperación, el riesgo de su regreso a prisión es constante, lo que hace más urgente que nunca el apoyo internacional para asegurar su liberación definitiva.²⁴

Por todo ello, la resistencia de las mujeres iraníes no puede ser entendida como una reacción aislada, sino como un movimiento estructural que desafía directamente los cimientos del Estado teocrático. Denuncia la instrumentalización de la religión como herramienta de dominación y exige una transformación radical del orden social. Frente a un régimen que ha intentado silenciar sus voces e instrumentalizar sus cuerpos, las mujeres han emergido como sujetos clave, capaces no sólo de cuestionar las normas que las oprimen, sino también de desafiar la legitimidad misma del poder que las somete.

4. REHABILITACIÓN O SUBYUGACIÓN: LA CREACIÓN DE CLÍNICAS DEL HIYAB COMO HERRAMIENTA DE CONTROL SOCIAL

En el contexto de una estrategia de radicalización normativa y consolidación de mecanismos de control estatal, la creación de clínicas destinadas a “tratar” a mujeres que no cumplen con el uso obligatorio del hiyab, constituye un avance significativo en la institucionalización de la represión contra las mujeres en Irán. Lejos de funcionar como espacios terapéuticos orientados al bienestar psicológico, estas clínicas operan como dispositivos de adoctrinamiento ideológico. Bajo el disfraz de un supuesto “apoyo” psicológico, se pretende reforzar la imposición del código de vestimenta islámico mediante estrategias que combinan la coerción institucional y la estigmatización social como formas de control. Este dispositivo, presentado oficialmente como un “espacio terapéutico”, se enmarca en una lógica autoritaria que deslegitima la decisión de no llevar el velo, reinterpretándola no como una expresión de autonomía, sino como una enfermedad susceptible de tratamiento.

La creación de estas clínicas responde a la voluntad estatal de consolidar un aparato de control más sofisticado. Se trata de un intento de trasladar el castigo desde los ámbitos legislativo y judicial hacia el terreno de la salud mental, encubriendo la represión bajo un discurso clínico que pretende conferirle una apariencia de legitimidad científica. El discurso oficial ha presentado estos espacios como iniciativas de “orientación psicológica” dirigidas a mujeres “presionadas socialmente”, “vulnerables a influencias extranjeras” o “confundidas por el discurso occidental”. Así, se refuerza la narrativa estatal que asocia cualquier expresión contraria a la ideología del régimen con una amenaza externa y la desestabilización tanto del orden islámico como del propio régimen²⁵.

La medicalización de una conducta tan fundamental como es la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, adquiere, en este contexto, una dimensión de género. La desobediencia al código de vestimenta islámico impuesto por el régimen iraní se convierte en una enfermedad que, según lo afirmado desde el poder, es “digna de tratamiento”. Esta forma de represión se ha intensificado con la ratificación de la Ley sobre la Castidad y el Uso del Hiyab, de septiembre de 2024, que establece un régimen de sanciones para quienes incumplan el código de vestimenta impuesto por el Estado. Esta Ley, compuesta por cinco capítulos y setenta y cuatro artículos, regula las responsabilidades sociales y tipifica, como conductas prohibidas, cualquier manifestación que promueva la desnudez o la ausencia del hiyab²⁶.

A esta normativa, se suma la creciente utilización de tecnologías de vigilancia por parte del Estado. Entre los mecanismos denunciados se incluyen el uso sistemático de drones y software de reconocimiento facial para monitorear el cumplimiento del uso del hiyab. Asimismo, destacan las aplicaciones móviles como Nazer, habilitada desde septiembre de 2024, que permite a los ciudadanos denunciar el incumplimiento del código de vestimenta en vehículos privados, transporte público, ambulancias o taxis, generando alertas automáticas a las autoridades²⁷.

Las voces críticas no se han hecho esperar. Diversas asociaciones profesionales, como la Asociación Iraní de Psicología y la Asociación Iraní de Psicoterapia Científica, han expresado su rechazo a la implicación de profesionales de la salud mental en este tipo de dispositivos, señalando que la práctica clínica debe basarse en principios éticos fundamentales como el respeto a la autonomía y el consentimiento informado. Especialistas, como el psiquiatra Sasan Tavakoli, han calificado estas clínicas como “espacios de adoctrinamiento disfrazados de intervención psicológica”, subrayando que no usar el hiyab, en ningún caso, constituye una patología, sino una expresión legítima de libertad personal que el régimen intenta silenciar mediante mecanismos pseudocientíficos²⁸.

En un contexto donde las mujeres enfrentan una creciente criminalización por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, la existencia de estas clínicas refuerza una narrativa estatal que las presenta como sujetos moralmente frágiles, susceptibles de desviarse si no son reconducidas mediante una vigilancia constante y apoyo institucional. Mehri Talebi Darestani, responsable de esta iniciativa, ha reconocido abiertamente que el objetivo del proyecto es “reducir la reincidencia” de las mujeres “descarriladas” mediante “programas de intervención conductual”. Esto revela que la finalidad última no es brindar apoyo psicológico genuino, sino garantizar la sumisión de las mujeres a la norma islámica impuesta por el régimen²⁹.

Las clínicas operan en coordinación con la Sede para la Promoción de la Virtud y la Prohibición del Vicio, organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento del código moral islámico. Esta injerencia en el ámbito psicológico de las mujeres refleja la intención del régimen de extender su aparato de vigilancia más allá del espacio público, penetrando en la esfera privada de la salud mental. Las mujeres derivadas a estos centros, en muchos casos como alternativa a una sanción judicial, son sometidas a procesos de reeducación que implican la asistencia obligatoria a sesiones con profesionales de la salud mental que operan bajo directrices elaboradas por el Estado, a menudo sin contar con licencias independientes ni garantías mínimas de confidencialidad o ética profesional³⁰.

El caso de Ahoo Daryei resulta ilustrativo al exponer cómo el régimen ha instrumentalizado la medicina para deslegitimar la protesta, transformando la disidencia en un supuesto trastorno psiquiátrico. Así, se intenta silenciar a las mujeres que alzan la voz en defensa de sus derechos, despojándolas de toda legitimidad. La utilización de la psicología en este contexto represivo no sólo vulnera la dignidad de las personas afectadas, sino que socava la integridad del sistema de salud mental al subordinarlo a los intereses de un régimen autoritario. A su vez, coloca a los profesionales de la salud mental en una posición crítica, convirtiéndolos en agentes potenciales de violencia institucional y en actores de un dispositivo de control que contradice los principios éticos fundamentales de su profesión³¹.

La existencia de estas clínicas no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como una parte integral de una estrategia más amplia de refuerzo del control estatal sobre los cuerpos y las mentes de las mujeres iraníes. En un régimen teocrático donde el uso del hiyab es un pilar simbólico esencial, cualquier desviación respecto a esta norma es percibida no sólo como una infracción, sino como una amenaza existencial al orden establecido. La represión, por tanto, trasciende el castigo de conductas visibles en el espacio público y se adentra en el terreno más íntimo y privado, con el fin de moldear creencias, reformular identidades y suprimir toda disidencia interna.

En definitiva, las clínicas del hiyab representan un avance en la consolidación de la arquitectura represiva del régimen iraní. Bajo el falso pretexto de la prevención y el cuidado, se erige un modelo de intervención que socava principios fundamentales de libertad y dignidad humana. Frente a un Estado que niega a las mujeres el derecho a decidir no sólo sobre su propio cuerpo, sino también sobre su salud mental, la resistencia adquiere nuevas dimensiones: ya no se trata sólo de luchar por el derecho a vestirse como se desee, sino también por el derecho a no ser diagnosticadas, a no ser corregidas, a no ser silenciadas bajo el peso de una etiqueta clínica impuesta por el propio régimen³².

5. CONCLUSIONES

Frente a la creciente ola represiva del régimen iraní, que ha instrumentalizado la salud mental como un nuevo campo de control sobre los cuerpos y las mentes, la resistencia de las mujeres se erige no sólo como una respuesta, sino como una verdadera propuesta de transformación social. La creación de las denominadas “clínicas del hiyab” revela hasta qué punto el poder busca dominar no sólo lo visible, sino también lo más íntimo: medicalizando la desobediencia, vulnerando la libertad y socavando la autonomía de las mujeres iraníes.

No obstante, cada intento de represión pone también de manifiesto la solidez del movimiento que las mujeres han hecho florecer tras el asesinato de Mahsa Amini. Su negativa a someterse al control, su reivindicación del derecho a decidir sobre sus cuerpos y su lucha por los derechos y libertades fundamentales se han convertido en el núcleo de un proceso de cambio que trasciende la mera oposición al uso obligatorio del velo. Este movimiento cobra fuerza en un contexto profundamente complejo, marcado por la violencia sistemática de un régimen teocrático y autoritario. Por ello, el apoyo internacional a estas mujeres resulta hoy más necesario y urgente que nunca.

Además, esta realidad no es exclusiva de Irán. Afganistán se ha consolidado como uno de los casos más alarmantes de opresión estructural de género³³. Desde el retorno de los talibanes al poder, se ha impuesto un régimen que ha desmantelado sistemáticamente los derechos fundamentales de mujeres y niñas. En este contexto, la identidad, la educación, la salud y la dignidad de millones de mujeres están siendo erosionadas en un entorno de impunidad, represión y silencio forzado. Sin embargo, estos casos representan únicamente la expresión más extrema y visible de una realidad estructural más profunda: las mujeres continúan ocupando una posición de subordinación y desigualdad.

Ante esta violencia revestida de asistencia, las mujeres iraníes han hecho de su resistencia una forma de vida, y, de su vida, una lucha colectiva que interpela a toda la sociedad. En cada acto de desobediencia cotidiana, en cada palabra, en cada gesto que desafía la norma, están construyendo un nuevo horizonte que no puede ser silenciado. “Baraye”, más que una canción, se ha convertido en la voz de una sociedad que pide justicia: una reivindicación hecha verso, una exigencia de dignidad transformada en melodía. Suena como una promesa y como una afirmación de que otro Irán –uno libre, plural y justo– es posible.

Reivindicar el derecho a no ser corregidas, a no ser señaladas como “enfermas” por pensar distinto, a no ser reducidas al rol que un régimen impone, es también defender el derecho a una existencia plena, construida desde la libertad, la dignidad y la autonomía. Por ello, la lucha de las mujeres iraníes no se limita a oponerse al hiyab obligatorio: es, sobre todo, una lucha por el derecho a existir y a ‘Ser en Libertad’. No se trata únicamente de resistir, sino de transformar: de convertir el dolor en fuerza colectiva, la represión en un relato emancipador y el miedo en una voz que, como “Baraye”, ya no puede ser silenciada.